Garantía provisional y definitiva: constitución, coste y devolución

Garantía	Cuantía	Qué asegura	Cuándo se exige
Provisional	Hasta el 3 % del presupuesto base (sin IVA)	El mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación	Excepcional: solo si el pliego la justifica motivadamente
Definitiva	5 % del precio final ofertado (sin IVA)	Penalidades, daños por incumplimiento, defectos durante el plazo de garantía	Regla general, antes de la adjudicación
Complementaria	Hasta un 5 % adicional	Refuerzo en casos especiales	Típicamente, adjudicatarios inicialmente incursos en anormalidad

Dos precisiones de cálculo evitan errores. La definitiva se calcula sobre el precio ofertado, no sobre el presupuesto base: la baja reduce también la garantía. Y en los contratos con precios provisionales o ciertas particularidades, el pliego puede modular la base; la cifra exacta está siempre en el requerimiento de documentación, que da 10 días hábiles para constituirla, plazo cuyo incumplimiento equivale a retirar la oferta.

La garantía puede constituirse en efectivo o valores (inmoviliza caja: la forma más cara en coste de oportunidad), mediante aval bancario o mediante seguro de caución, y, en obras, el pliego puede admitir la retención en el precio (se descuenta de las primeras certificaciones hasta completar el 5 por ciento: sin comisiones, pero adelantando obra no cobrada). La elección se decide comparando comisiones con coste de oportunidad de la caja.

La comparación aval contra seguro de caución merece más atención de la que recibe. El aval consume línea de riesgo bancaria: cada aval vivo reduce la financiación disponible para circulante y para el resto de obras, además de su comisión periódica. El seguro de caución, emitido por una aseguradora, cumple la misma función de garantía sin consumir línea bancaria, con primas competitivas para empresas con buen historial. Para una constructora con varios contratos públicos simultáneos, trasladar el parque de garantías al seguro de caución libera capacidad financiera real; es una decisión de estructura, no de trámite.

Durante el contrato, la garantía responde en cascada: penalidades que no puedan descontarse de certificaciones, indemnizaciones por incumplimiento, obligaciones del plazo de garantía. Si la administración ejecuta parcialmente la garantía, el contratista debe reponerla en el plazo legal, y no hacerlo es causa de resolución.

La devolución llega al final del recorrido: vencido el plazo de garantía y aprobada la liquidación sin responsabilidades, se acuerda la devolución o cancelación. El derecho no se activa solo: solicitar formalmente la devolución en cuanto se cumplen las condiciones (y reiterar ante el silencio) es gestión de tesorería básica, porque cada mes de aval vivo innecesario tiene coste directo y coste de capacidad.

El momento crítico de la definitiva no es su coste sino su calendario: el requerimiento al mejor clasificado concede 10 días hábiles para presentar la documentación acreditativa y constituir la garantía, y el incumplimiento se trata como retirada de la oferta, con traslado al siguiente clasificado y posible penalización. Diez días hábiles son pocos para tramitar un aval desde cero: análisis de riesgo bancario, comisiones, texto del aval conforme al modelo del pliego (los reparos de la administración al texto consumen días), bastanteo cuando se exige.

La empresa que licita en serio no tramita la garantía al recibir el requerimiento: la precondiciona al presentar la oferta. Con el banco o la aseguradora, una línea de avales preaprobada con importes y modelo pactados; internamente, el cálculo exacto del 5 por ciento sobre el precio ofertado hecho el día de la oferta. En las UTE, la ley permite constituir la garantía por una o varias de las empresas agrupadas siempre que cubra el total exigido y la responsabilidad solidaria quede a salvo; decidir en el acuerdo de UTE quién la aporta y contra qué contragarantías internas evita improvisaciones dentro del plazo de requerimiento.

La garantía definitiva no se ejecuta por decisión unilateral informal: la incautación exige un acuerdo motivado del órgano de contratación, con audiencia previa al contratista, que concreta el concepto (penalidades no descontables, daños liquidados, resolución culpable) y el importe. Contra ese acuerdo caben los recursos administrativos y, en su caso, el contencioso; y si la ejecución fue parcial, la obligación de reposición corre desde que se notifica.

Para el contratista, la audiencia previa es la estación decisiva, y funciona igual que la del modificado o la de la temeridad: lo que no se alega ahí, con números y documentos, difícilmente revive después. La defensa típica ataca dos frentes: la imputabilidad (el retraso o el defecto que motiva la ejecución tenía causa ajena documentada) y la cuantía (la valoración del daño o el cálculo de la penalidad no se ajustan al contrato). Un expediente de obra bien llevado durante la ejecución (actas, programa actualizado, comunicaciones escritas) es, otra vez, lo que convierte la audiencia en defensa real y no en trámite.

Una constructora mediana mantiene tres contratos públicos vivos con garantías definitivas de 52 000, 38 000 y 61 000 euros: 151 000 euros de avales. Con comisiones bancarias anuales del orden del 0,8 por ciento más gastos de formalización, el coste directo ronda 1 200 euros al año; el coste indirecto (línea de riesgo consumida que encarece o limita el resto de financiación) es mayor y más difícil de ver.

La primera obra terminó su plazo de garantía hace cinco meses, con liquidación aprobada, pero nadie pidió la devolución: 52 000 euros de aval vivo sin función alguna. La rutina correcta cabe en una hoja: cada garantía con su contrato, su hito de devolución previsto y su fecha de solicitud. En paralelo, la migración de los avales al seguro de caución en las renovaciones libera 151 000 euros de línea bancaria para el circulante de las obras en curso. Ninguna de las dos gestiones puntúa en licitación alguna; ambas valen dinero contante.