La oferta y la adjudicación

Tras la apertura de las ofertas, la mesa de contratación valora primero los criterios sujetos a juicio de valor (memoria técnica, programa de trabajos, medidas de calidad) y después los criterios automáticos (precio, plazo, ampliación de garantías). Con la puntuación total se ordenan las ofertas, se comprueba si alguna incurre en presunción de anormalidad, se requiere al mejor clasificado la documentación acreditativa y la garantía definitiva, y se adjudica. La formalización del contrato cierra la fase y abre la ejecución.

Ese orden importa: la separación entre sobres (o archivos electrónicos) es una garantía de objetividad, y su ruptura (conocer el precio antes de valorar la técnica) es causa de nulidad frecuente en los tribunales de recursos contractuales. El licitador debe respetarlo también, y deslizar precio en el sobre técnico excluye.

Incumplir el requerimiento de documentación se entiende como retirada de la oferta: el contrato pasa al siguiente clasificado y el licitador se expone a penalización. Tener preparada de antemano la documentación acreditativa y la garantía es, por tanto, parte de la estrategia de oferta.

La LCSP impone adjudicar a la mejor relación calidad-precio, con criterios vinculados al objeto del contrato y ponderaciones publicadas de antemano. En obras es habitual un reparto del tipo 50 a 70 puntos para criterios automáticos y 30 a 50 para juicio de valor, con la fórmula de valoración del precio como pieza crítica: una fórmula mal elegida puede hacer que céntimos de diferencia decidan el contrato o, al contrario, que el precio apenas discrimine.

Leer la ponderación antes de ofertar permite decidir la estrategia: en un pliego dominado por el precio, la oferta se juega en el estudio de costes; en uno con peso técnico fuerte, en la memoria. El detalle de tipos de criterios, fórmulas y jurisprudencia se desarrolla en el artículo sobre criterios de adjudicación y su ponderación.

Ofertar barato gana puntos, pero por debajo de ciertos umbrales la oferta entra en presunción de anormalidad (la baja temeraria del lenguaje del sector). El artículo 149 de la LCSP obliga entonces a un trámite de justificación: el licitador debe demostrar que su precio es viable (condiciones de aprovisionamiento, soluciones técnicas, costes propios) y la mesa decide si acepta la explicación o excluye la oferta. Los parámetros de detección, la mecánica del trámite y cómo construir una justificación sólida se analizan en el artículo sobre bajas temerarias.

Antes de valorar nada, el licitador debe ser apto. En contratos de obras de 500 000 euros o más, la aptitud se acredita mediante la clasificación del contratista (grupos, subgrupos y categorías según el tipo y la cuantía de la obra). Por debajo, basta la solvencia económica y técnica definida en el pliego. Las empresas que no alcanzan por sí solas los requisitos pueden concurrir agrupadas en unión temporal de empresas (UTE), sumando clasificaciones y referencias, fórmula que tiene su propio análisis en el artículo sobre la UTE en licitación. Los requisitos de aptitud se detallan en el artículo sobre solvencia y clasificación del contratista.

Una oferta de obra pública competitiva no es la más gruesa sino la mejor dirigida: estudio de costes riguroso sobre las mediciones del proyecto, decisión de baja informada por la fórmula del pliego y por el umbral de temeridad, memoria técnica que responde exactamente a los subcriterios puntuables y cero defectos formales en la presentación electrónica. Ese método de trabajo, del análisis del pliego a la presentación, se desarrolla paso a paso en el artículo sobre preparar una oferta de obra pública.