Procedimiento abierto y abierto simplificado

En el procedimiento abierto, cualquier empresa interesada puede presentar oferta directamente, sin fase previa de selección. La secuencia es lineal: anuncio en el perfil de contratante (y en el DOUE si el contrato es SARA), plazo de presentación, apertura y valoración por la mesa de contratación, requerimiento al mejor clasificado y adjudicación.

Los plazos mínimos de presentación en obras son de 26 días naturales desde la publicación en contratos no SARA y de 35 días desde el envío del anuncio al DOUE en contratos SARA. La documentación se organiza en sobres electrónicos separados: documentación acreditativa (habitualmente sustituida por la declaración responsable del documento europeo único de contratación), criterios sujetos a juicio de valor y criterios automáticos. La apertura respeta ese orden para preservar la objetividad de la valoración.

El abierto ordinario admite contratos de cualquier cuantía y cualquier combinación de criterios. Es el procedimiento por defecto de las obras grandes y de todas las SARA.

El abierto simplificado del artículo 159 nació para agilizar la contratación de cuantía media y se ha convertido en el procedimiento estrella de la obra pública local. Sus condiciones de uso en contratos de obras:

Las simplificaciones son tangibles. La acreditación documental se sustituye por la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE): la mesa consulta el registro en lugar de pedir papeles. La valoración se concentra en una o dos sesiones, con los criterios automáticos como protagonistas. Y la garantía provisional está excluida por ley.

La inscripción en el ROLECE merece subrayado: es requisito de admisión, no una formalidad posterior. La solicitud de inscripción debe estar presentada antes de que termine el plazo de ofertas, y la empresa no inscrita se expone a la exclusión. Para cualquier constructora que aspire a licitar con regularidad, inscribirse (y mantener actualizados los datos de clasificación y apoderamientos) es una tarea previa a cualquier licitación concreta.

Dentro del artículo 159, el apartado 6 regula una variante aún más ágil, el llamado abierto supersimplificado, para obras de valor estimado inferior a 80 000 euros: plazo de presentación de solo 10 días hábiles, criterios exclusivamente automáticos, sin acreditación de solvencia y sin garantía definitiva. Es un régimen pensado para la pequeña obra municipal y tiene lógica propia de oferta, que se desarrolla en el artículo sobre el abierto supersimplificado.

Entre el abierto ordinario y el simplificado, la diferencia operativa para el licitador se resume en tres puntos. Los tres afectan al calendario y a la carga documental de la oferta.

El calendario. Veinte días naturales (que en agosto o diciembre se quedan en poco más de dos semanas hábiles) obligan a un circuito de decisión rápido: detección temprana del anuncio, go/no-go en 48 horas, estudio de costes en paralelo a la memoria.

El peso del precio. Con el juicio de valor limitado al 25 por ciento, el simplificado es un procedimiento dominado por los criterios automáticos. La fórmula de valoración del precio y el umbral de anormalidad son el corazón del análisis; la memoria técnica, cuando existe, es corta y debe responder quirúrgicamente a los subcriterios. El detalle de fórmulas se trata en el artículo sobre criterios de adjudicación.

El riesgo formal. La velocidad del procedimiento no perdona defectos: modelo de proposición mal cumplimentado, oferta presentada fuera de la herramienta electrónica prevista, inscripción registral no acreditada. En el simplificado, la mayoría de exclusiones son formales, no técnicas.

Un ayuntamiento publica un viernes el anuncio de reforma de un mercado municipal: 1 640 000 euros de valor estimado, abierto simplificado, 20 días naturales, 75 puntos automáticos (precio y ampliación de garantía) y 25 de juicio de valor (memoria constructiva). El calendario real de la empresa que gana:

Dos detalles hacen ganar el expediente: la alerta configurada por código CPV permite empezar el día 1 y no el día 6, y la comprobación del ROLECE en la primera semana descubre un apoderamiento caducado que da tiempo a renovar. La misma oferta preparada con detección tardía habría llegado con la documentación justa y sin margen de simulación.

La compresión del simplificado se nota especialmente en la fase de valoración. Cuando todos los criterios son automáticos, la apertura y la valoración pueden resolverse en un solo acto: la mesa abre, aplica las fórmulas y formula propuesta de adjudicación en la misma sesión. Cuando hay juicio de valor (recuérdese, con el tope del 25 por ciento), la mecánica conserva dos tiempos (primero la valoración cualitativa, después la apertura económica), pero con plazos internos tasados para que el expediente no se estanque.

Para el licitador, esa velocidad tiene dos consecuencias prácticas. La primera: el seguimiento del expediente debe ser semanal, porque entre la apertura y el requerimiento de documentación pueden pasar pocos días, y el requerimiento corre con plazo. La segunda: los errores de la mesa (una fórmula mal aplicada, una oferta admitida que debió excluirse) se detectan leyendo las actas publicadas en el perfil, y el plazo para reaccionar es corto. La disciplina de descargar y revisar cada acta el día de su publicación es la diferencia entre poder recurrir y enterarse tarde.